1990, Ayrton Senna campeón mundial de Fórmula 1, puesto fijo en la construcción y en la tele ponen la segunda parte de Jungla de Cristal. Todo es maravilloso, un café 100 pesetas y nuestra paridad adquisitiva por las nubes. Vaya por dios, unos japoneses pinchan la burbuja inmobiliaria y los americanos desestabilizan el mercado con su petróleo. Ya no tengo trabajo, ¿qué hago? O mejor, ¿qué pueden hacer por mí? No lo sé, pero ya estamos en 1993 y aquí la gente se muere de hambre porque no hay trabajo: de cada 100 personas que buscan empleo, 24 están al paro y 76 haciendo malabares financieros para llegar a final de mes. Es entonces cuando llega 1994 y el Estado decide intervenir a nivel laboral.
Hasta la reforma de 1994, la reglamentación con el despido era muy rigurosa, ofreciendo indemnizaciones por cese improcedente que llegaban a doblar las de la media europea. Por lo que las empresas recurrían ocasionalmente a los contratos temporales. Una vez llegados al 94, el Gobierno decide basar la reforma en dos grandes pilares: la regulación del despido sin contar con el voto de los sindicatos y la autorización de empresas privadas de colocación con carácter no lucrativo terminando así con el monopolio del INEM. El resultado no es otro que la aparición de contratos basura en actividades con poca intensidad en uso de capital humano como la construcción.
Esta reforma contribuyó a la aparición de la dualidad del mercado, empieza la era ETT y es a partir de 1995 cuando el mercado de trabajo español experimenta una notable mejoría con una creación de empleo cercana a los 8 millones de puestos de trabajo. Esto representa el 30% de todo el empleo creado en la UE-15 correspondiente a ese periodo. De tal manera que la tasa de paro disminuía en 15 puntos porcentuales. Maravilloso, fantástico pero, una clara limitación de este crecimiento es la tasa de temporalidad, que se mantuvo en niveles muy elevados que oscilaban el 35% puesto que este tipo de contratación es frecuentemente utilizada para probar a los trabajadores.
El nostálgico recordará el 2010 como el año del mundial, el agorero hará alusión al terremoto de Haití y el economista pensará en esa reforma laboral que tantos problemas planteó y que tantas alternativas óptimas nos proporcionó y, que posteriormente, el señor Luis de Guindos no aprovechó.
Esta reforma intenta suponer un avance en el reequilibrio de los costes de contratación y despido entre fijos y ETTS mediante 3 cambios: el fomento de la contratación indefinida, el incremento de la indemnización por despido de contratos temporales y el abono de 8 días de despido por parte de fogasa. Esto no se cumple al pie de la letra y en vez de retroceder, el Estado avanza en su desastre laboral. ¿Cómo? Dando más entrada a las agencias privadas de colocación en el mercado para que colaboren con los servicios públicos de empleo y ganen posiciones en el mercado, hasta entonces, las empresas que buscaban beneficio estaban vetadas y solo estaban autorizadas en caso de no tener ánimo de lucro.
Llegamos a la última megalomanía faraónica del consejo de ministros presidido por el señor Rajoy y caracterizada por una serie de medidas basadas en el abaratamiento del despido y en la posibilidad de que ETTS ahora ya con ánimo de lucro imperen en el mercado. Todo esto para ‘flexibilizar la demanda interna’.
Si para flexibilizar hay que reducir indemnizaciones, eliminar la necesidad de autorización administrativa en expedientes de regulación de empleo y acercar la indemnización por rescisión a la media europea, se entiende que hay que recortar, ¿pero dónde recortamos, sobre el empresario o sobre el treintañero que aún no ha experimentado la gloriosa sensación de tener un contrato indefinido?