Tras la polémica surgida por la sentencia del Tribunal Supremo y la posterior modificación vía decreto ley, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE) creen que las entidades financieras españolas podrían repercutir en los clientes la nueva «carga» que supone asumir el pago del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD). Las entidades de crédito podrían trasladar este impuesto a los prestamistas a través de nuevas tasas o elevando los tipos de interés y las comisiones de las hipotecas.
Según el último informe elaborado por la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, en la que se trató la revisión del rescate bancario, el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados podría tener un efecto negativo sobre la nueva producción de crédito y los tipos o tasas que pagan los clientes. Es la única referencia que hace el texto a esta cuestión después de la decisión del Gobierno de aprobar un real decreto ley para que las entidades financieras tengan que asumir este impuesto un día después de que el Tribunal Supremo decidiera que son los clientes, y no los bancos, los sujetos pasivos del impuesto de Actos Jurídicos Documentados.
Además, estos organismos subrayan en dicho informe que el sistema financiero español «sigue disfrutando en general de una solvencia y liquidez confortable». Afirman que la rentabilidad de los bancos ha mejorado principalmente gracias a la reducción de provisiones relacionadas con la caída del nivel de préstamos dudosos en sus balances.
Ambas instituciones subrayan que la fusión entre Bankia y BMN «ha progresado bien. Sin embargo, añaden que completar la privatización de la primera entidad y las desinversiones de fundaciones bancarias en cajas de ahorros «continuarán reforzando» el sector.
Por último, recuerdan que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) está preparando una nueva estrategia de gestión de sus activos y analizando «cómo esto puede mejorar su rentabilidad y efectividad».
En conclusión, a ojos de la comisión de seguimiento del rescate bancario, el riesgo de impago de este parece muy bajo. La consolidación mediante fusiones de aquellas entidades que más sufrieron, sumada a la reducción de los prestamos dudosos, han colocado a la banca española en una situación de confort. Sin embargo, el previsible encarecimiento de los préstamos hipotecarios debido a la modificación legislativa podría incrementar el precio de la financiación y reducir la cantidad de crédito concedida.