El déficit de España incumple las directrices europeas
Mucho se ha venido hablando durante las últimas semanas, incluso meses, del incumplimiento del objetivo del déficit por parte de España fijado en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) al que están suscritos todos los países miembros de la Unión Europea (UE) . En dicha legislación se establece un límite máximo para el déficit del 3% del Producto Interior Bruto (PIB) y España cerró el año 2015 con un déficit del 5,1% del PIB (54.965 millones de diferencia entre gastos e ingresos). Es el segundo déficit más elevado de la UE por detrás de Grecia (7,2%), casi 10.000 millones por encima del límite fijado.
Este déficit se debe en parte a que la presión fiscal de España se redujo, en año electoral, al 38,2% del PIB, ocho puntos inferior al de la eurozona (46,6%) lo que explica un bajo nivel de ingresos. Cabe mencionar también que la deuda pública supera el billón de euros (un 99,2% del PIB). Estos indicadores, que sirven para valorar el desempeño futuro de un país, sitúan a España entre los estados con más desequilibrios presupuestarios de la Unión Europea.
¿Qué consecuencias tiene este incumplimiento?
Debido a estas irregularidades por parte del Gobierno español, Bruselas ha decidido sancionar a España y proceder a la congelación de 1.100 millones de euros en fondos. Esta sanción será conocida el próximo 27 de julio. Por otra parte, la UE ha designado a la nación española una serie de directrices consistentes en rebajar el déficit a un 3,9% este año y a un 2,5% en 2017. Estas circunstancias rompen con la rebaja fiscal prometida por el presidente del Gobierno en funciones si salía reelegido, de hecho, para atajar este desequilibrio en el déficit ya se ha anunciado una subida del Impuesto de Sociedades (IS). Una medida muy impopular entre la población española.
Y es que Bruselas es flexible a la hora de que los países miembros de la UE tomen sus propias decisiones presupuestarias siempre que se respeten los objetivos y fechas marcadas.
¿Qué depara el futuro próximo?
Como resultado del incumplimiento la política económica española quedará de nuevo tutelada por la UE que exigirá un ajuste de 10.000 millones. Habrá recortes presupuestarios y un sometimiento a un examen trimestral que tendrá consecuencias en forma de nuevas sanciones si no se aprueba.
Sin embargo, el problema al que ahora se enfrenta Bruselas es a la falta de un Gobierno español (después del 26J aún no existe acuerdo para formar gobierno) que sea capaz de presentar una corrección presupuestaria adecuada.
España también se enfrenta a una pérdida de credibilidad por parte de la UE. A pesar de la ya citada subida del IS y de la lucha contra el fraude que se pretende llevar a cabo ,y de la cual se esperan obtener 2.500 millones de euros, la Comisión no se fía ya que el ministro de Economía prometió en 2015 que se cumplirían con los objetivos del déficit.
¿Cuál es la realidad?
El Gobierno español en funciones rechaza que vaya a realizar el ajuste presupuestario de 10.000 millones de euros que exige Bruselas, que se tengan que congelar los citados fondos o incluso que se deba multar a España. El Gobierno realza a su favor que a pesar de estos desequilibrios el PIB español crece por encima del 3% y que si se mantiene la actual línea económica se cumplirán los objetivos sin necesidad de ajustes. Además, a esto se le añade una progresiva mejora del empleo.
En definitiva, las discrepancias sobre una posible sanción y los ajustes presupuestarios continúan entre la UE y España por lo que solo cabe esperar al próximo 26 de julio para ver si se aporta más luz a la actual situación.
